La atención sanitaria es una prestación básica para todos los ciudadanos a la que se le dedica gran cantidad de dinero público. En concreto, cerca del 40% de todo el presupuesto de nuestra Comunidad Autónoma, más de 1.200 millones de euros anuales. Por lo tanto, el compromiso ante la sociedad de que estos recursos estén bien gestionados y en manos de los mejores profesionales, es una importante responsabilidad de los gobiernos de turno.

El ejercicio de la medicina actual es muy complejo y los profesionales sanitarios se han adaptado a trabajar cada vez con más profesionalidad, en equipo, con criterios basados en la evidencia científica e incorporando a su praxis y, de manera progresiva y continuada, el uso de las nuevas tecnologías.

Estos avances se suman a la necesidad de ofrecer prestaciones de forma eficiente, de calidad, equitativa, con control del gasto ligado a resultados, la obligada búsqueda de un buen clima laboral, el confort hotelero y, por supuesto, la rendición de cuentas públicas. Son pues requisitos complejos y difíciles de cumplir.

Un escenario que hace que solo expertos profesionales de la gestión sanitaria puedan asumir esta importante responsabilidad pública con expectativas de éxito. Solo gerentes con experiencia, independientes, con buena formación académica, capacitación contrastada, y formación continuada, deberían gestionar nuestra sanidad pública.

Pero en ocasiones el perfil de los gerentes sanitarios públicos no es este, sino que los méritos que prevalecen a la hora de ser nombrados, muy por encima de los profesionales, son los de afinidad política a quien tiene la responsabilidad de gobernar.

Este criterio político, va ineludiblemente en contra de los intereses de la sociedad, de los médicos, de todo el personal sanitario y desde luego en contra de los buenos gerentes. Todo ello debilita y desacredita la figura de estos directivos sanitarios y hace que, en general, ejerzan muy poco tiempo su responsabilidad.

Generalmente, son cesados de sus cargos inmediatamente después de producirse un cambio de gobierno o son utilizados como moneda de cambio ante presiones de organizaciones con actitudes centradas en la reivindicación clientelista y con pocas pretensiones de favorecer a objetivos en favor de proyectos innovadores y de modernización de la propia organización sanitaria.

Mientras haya gerentes que sigan siendo parte de la cadena de mando política, su trabajo será poco valorado por todos y además seguirán siendo fácilmente prescindibles. Por lo tanto, es esencial que la profesionalización de los gerentes sanitarios entre dentro de las negociaciones políticas del necesario y aún pendiente pacto para la salud. Así se evitaría que la función directiva siga siendo en muchos casos, una herramienta política de material fungible.

Por su parte, los gerentes también tienen su parte de responsabilidad para poder cambiar la situación actual. Deberían actuar siempre con prudencia y discreción, de forma equilibrada, a favor de los criterios de calidad, evidencia y equidad, y no olvidar los valores de la actual realidad social, cultural y económica que vivimos. En definitiva, mostrar siempre el cariz más profesional de la gerencia y no el político dentro de la organización sanitaria.

Los propios profesionales de la gestión sanitaria deberían unirse en una representación profesional independiente que les permita defender su profesionalidad ante la toma de decisiones coherentes y eviten la injerencia política y buscar así la salvaguarda de acusaciones de líderes sindicales que de forma generalizada, los califican reiteradamente de “secta” y callan sin contestar a tan desafortunada descalificación.

En definitiva, los criterios políticos de nombramientos de gerentes y cuadros directivos llevan casi siempre a una pérdida inevitable de competencias a la suerte de los cambios políticos. La independencia y profesionalización de los mismos y la aplicación de los códigos de buen gobierno de las instituciones sanitarias deberían impedirlo en beneficio de todos. Por la otra parte, son los propios gerentes los que deberían actuar como colectivo profesional.

Parafraseando a José R. Repullo, de la Escuela Nacional de Sanidad, vale recordar que “ya se sabe que el conocimiento es caro, pero ¡prueba con la ignorancia y veras!”.