Tenemos un excelente sistema público de salud, gratuito y universal, financiado con impuestos y al servicio de todos los ciudadanos ya sean españoles, comunitarios o extranjeros. Una sanidad pública muy eficaz pero que requiere de casi un 40% de todo el presupuesto de nuestra Comunidad Autónoma, es decir, más de 1.200 millones de euros anuales y que ya acumula un déficit cercano al 20 %.

Nada de todo esto es nuevo y el problema es extrapolable a nivel nacional. Hace ya casi veinte años nos advertía un informe realizado por expertos y conocido como Informe Abril, que de seguir por ese camino, aumento continuo del gasto sanitario, derivado de un importante aumento de la población y de su longevidad y la constante introducción de nuevas tecnologías y nuevos fármacos entre otros factores, el sistema de salud pública del que hoy disfrutamos es insostenible financieramente.

La situación a fecha de hoy es aun más problemática, debido a la reducción de la recaudación pública vía impuestos, como consecuencia de la grave crisis económica que vivimos. Tanto es así que este año, el gobierno de nuestra Comunidad Autónoma ha reducido en 100 millones de euros lo presupuestado para Salud en 2010, a pesar de que somos prácticamente la Comunidad Autónoma peor financiada de toda España en el ámbito sanitario y a mucha distancia del País Vasco o Navarra.

Ante este escenario urge llegar a un acuerdo entre todos los partidos políticos para preservar nuestro sistema público de salud y tomar medidas consensuadas para que sea sostenible a nivel autonómico. Más que nunca necesitamos que gobierno y oposición lleguen a ese pacto para la salud que, desde hace años vienen anunciado y que nunca han llegado a cumplir.

En noviembre de 2007 se reunieron el presidente Francesc Antich y la líder de la oposición, Rosa Estarás, para llegar a un pacto por la sanidad. El diez de enero de 2008 el conseller, Vicenç Thomás y Aina Castillo, del PP, se reunían para que este acuerdo fuera una realidad. Ambos manifestaron que debían llegar a un gran consenso que pudiera ser asumido por todas las formaciones políticas y así evitar grandes cambios cuando se produce la alternancia política en el poder. Se debían poner de acuerdo en varios puntos fundamentales: la financiación, las infraestructuras, los recursos humanos y los proyectos profesionales. Ambos manifestaron, en enero de 2008, su interés, por responsabilidad política y urgencia, a alcanzar este acuerdo en un “tiempo razonable”.

Dos años y medio después nada más se ha sabido del pacto por la sanidad. Si el acuerdo era necesario por responsabilidad política, debemos pensar que si no se ha llevado a cabo, es esta responsabilidad la que esta fallando, porque la urgencia lejos de desaparecer es mayor que nunca.

De nuevo, el presidente Antich debería citar al líder de la oposición y ambos dar claras indicaciones a sus segundos para que reinicien conversaciones encaminadas a llegar a un pacto por la sanidad de forma urgente y esta vez hacerlo con compromiso y lealtad política. Antich debería encargarle esta tarea a su conseller antes de que acabe la legislatura y Bauzà, al responsable de sanidad, aunque en el PP, no se sabe actualmente a ciencia cierta quien lidera los temas de ámbito sanitario. Nuestro excelente sistema público de salud está en serios problemas y los ciudadanos merecen que este pacto se tome en serio, pues de ello dependen la calidad y la sostenibilidad del actual sistema sanitario público, un derecho fundamental de los ciudadanos de Baleares y patrimonio de todos.