La intención del Ministerio de Sanidad y Política Social, anunciada la semana anterior por su titular, Trinidad Jiménez, consistente en endurecer las actuales directrices de la legislación sobre el tabaco, debe llevarse a la practica de manera urgente. Ello ha de ser así si, en efecto, la administración pretende proteger el derecho inalienable a la salud del setenta por ciento de la población no fumadora. Este es el rumbo que se ha emprendido, desde hace años, en la mayoría de sociedades occidentales, en las que el cigarrillo ha sido desterrado a entornos de cada vez más residuales y, por supuesto, alejado de los espacios públicos en los que conviven consumidores y no consumidores. Ni las expectativas económicas de los locales de ocio y restauración, ni las proclamas a favor de una mal entendida tolerancia realizada desde determinadas organizaciones de fumadores, deben frenar el proyecto que, al parecer, lleva entre manos el Ministerio de Sanidad, y que de momento ya ha recibido el apoyo de la mayor parte de las administraciones autonómicas, entre ellas la balear.

De hecho, la actual legislación se ha revelado como insuficiente para preservar la salud de la población no fumadora. Aunque los frutos han sido destacados y relevantes en determinados espacios públicos, en otras ubicaciones, de uso tan público como las otras, los parches calientes que prevé la normativa en vigor carecen de sentido y coherencia, además de resultar absolutamente inefectivos.

El sentido común dicta que si la actividad de fumar está prohibida en recintos como supermercados, tiendas, oficinas o vehículos de transporte, también debe estarlo, forzosamente, en bares, restaurantes, pubs o discotecas. ¿O es que acaso el humo que se genera en estos establecimientos resulta menos perjudicial? Evidentemente, no, y precisamente por ello el Ministerio de Sanidad debe imitar a sus colegas de otras administraciones europeas y salir en defensa de los ciudadanos que, libremente, han decidido no fumar, y que por supuesto tampoco desean que otras personas se tomen la libertad de inundar sus pulmones de humo, y sus cuerpos de enfermedades.

Ciertamente, la medida no será bien acogida por todos. España es uno de los territorios más fumadores del mundo, y no en vano, en nuestro entorno, la cultura del humo se halla íntimamente ligada a un gran número de costumbres y hábitos sociales. Sin embargo, experiencias anteriores permiten vaticinar que la capacidad de adaptación de la sociedad es muy superior a la que, generalmente, se le supone.

Hace apenas cinco años, el balance en materia de legislación anti tabaco era todavía mucho más raquítico que ahora, y en cambio la normativa actual, pese a sus deficiencias y carencias, se impulsó sin que se produjeran grandes desencuentros. Eso mismo ocurriría con un hipotético endurecimiento de la actual normativa: algunas disensiones iniciales, que serán sustituidas por un progresivo consenso generalizado en cuanto el tiempo transcurra y el contenido de las disposiciones se consolide.

Por otro lado, más allá del rechazo que este tipo de iniciativas pueda generar en una parte de la comunidad, los responsables políticos han de ser fieles, por encima de cualquier otra consideración, a su obligación de proteger un derecho tan inalienable como el de la salud. Abuen seguro que, dentro del balance general, recibirán más aplausos que reproches.