Luis Montes (Vi l larino de los Aires, Salamanca, 1949), anestesiólogo del Hospital Severo Ochoa, de Leganés, estuvo en el punto de mira de la opinión pública al ser acusado, desde el gobierno autonómico de Madrid, de practicar sedaciones irregulares a pacientes cuando ocupaba el cargo de jefe de Urgencias de ese mismo centro hospitalario. Recientemente, el juez de Instrucción número 7 de Leganés sobreseyó el caso. Hace dos semanas, el doctor Montes se convirtió en el invitado de honor del XIV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Atención al Usuario de la Sanidad, que tuvo lugar en Cala Millor.

P.- ¿Considera que la atención al paciente es, por así decirlo, la hermana pobre de una sanidad que ha evolucionado mucho desde el punto de vista tecnológico y de investigación, pero no tanto, quizás, en humanización?

R.-Creo que sí, aunque lleva poco tiempo como especialidad. En estos veinte años ha abordado un trabajo pedagógico de acercamiento y resolución de los problemas internos de las instituciones sanitarias. Ha realizado una labor social, por lo menos en Madrid, donde se han buscado ayudas, se ha coordinado la interrupción voluntaria del embarazo, la planificación familiar, y se ha dado respuesta a las denuncias. La atención al paciente ha tenido que afrontar un trabajo ingrato.

P.-Su especialidad es la anestesiología, y en un libro de Robin Cook, novelista de ficción muy versado en temas médicos, se afirma que para el anestesista el 99 por ciento del tiempo está caracterizado por el aburrimiento, y el 1 por ciento por el pánico ciego. ¿Está de acuerdo?

R.-Totalmente de acuerdo. El anestesista controla y mantiene las constantes vitales del paciente, que está profundamente dormido. Cuando se despierta, estará en su habitación, en el servicio que le corresponda, y no sabrá con quién ha estado. Y del anestesista, ni se acordará.

P.- ¿Considera que la sanidad pública marcha irreversiblemente hacia un proceso de privatización?

R.-Vivimos en una sociedad de libre mercado, y por supuesto, tienen que coexistir medicina pública y medicina privada. Entiendo que la medicina privada, en algunas Comunidades Autónomas, constituye una obsesión, sobre todo en las gobernadas por el Partido Popular. Me refiero a que es una obsesión por la privatización, y no solo en la sanidad, sino también en la enseñanza y en todas las prestaciones que equivalgan a servicio público.

P.- ¿Sanidad pública y sanidad privada tienen un marco común desde el que poder colaborar y entenderse?

R.- En una sociedad de libre mercado, un grupo empresarial está en su derecho de construir un hospital y ofrecer una determinada cartera de servicios. Lo que no se puede permitir es que capitalicemos la medicina privada con capital público. Dentro de unos años, se habrá descapitalizado la atención pública y se habrá capitalizado la privada con los programas de externalización de listas de espera, con el pago de un canon por construcción de un hospital, y además fidelizando a toda una población. Es un negocio redondo, y no veo por ningún sitio la relación entre capital y riesgo. Me parece una práctica totalmente incorrecta, y como la Ley 15/97 ha sido la normativa que ha dado pie a esta privatización obsesiva, está claro que hay que derogarla.

P.-Baleares registra el porcentaje de seguros sanitarios privados más elevados del Estado, con mucha diferencia sobre el resto de Comunidades Autónomas. ¿Qué conclusiones saca de este dato?

R.-En Baleares vive mucha población extranjera. Por otro lado, los ciudadanos tienen derecho a elegir. Lo que no es justo ni equitativo es que, con dinero público, se esté sufragando la capitalización de la medicina privada.

P.-En Baleares existen muchas quejas sobre las carencias de la financiación sanitaria. Usted, que trabaja en la sanidad de otra Comunidad Autónoma, la de Madrid, ¿piensa que los ciudadanos españoles reciben peor o mejor asistencia sanitaria en función del territorio en el que residen?

R.-La Comunidad que menos presupuesto destina a sanidad es Madrid. Los ciudadanos deberíamos decidir a dónde van nuestros impuestos. Estamos en una gran crisis económica, y me parece que subvencionar la Ley de la Dependencia y mantener la sanidad pública requiere eficacia de gestión y más recursos.

P.- ¿Está condicionada la gestión sanitaria en Madrid por determinados intereses políticos o económicos, más o menos inconfesables, que redundaría en un empeoramiento de la calidad de la sanidad pública?

R.-Está claro. En Madrid, desde las transferencias, se ha ido invirtiendo cada vez menos dinero en la sanidad, y esta circunstancia ha conllevado una merma importante de la calidad y que en los hospitales no se reinvierta en tecnología.

P.-Usted es el presidente de la Asociación por el Derecho a Morir Dignamente. Sin embargo, ¿qué entiende usted por morir dignamente?

R.-Tenemos que empezar a hablar de buena muerte y de calidad de muerte. Todo el mundo sabe lo que es la buena vida, y también lo que significa la calidad de muerte. Si algo tenemos todos claro es cómo queremos morir, y deseamos hacerlo en el mejor grado de confortabilidad y el menor sufrimiento posible. Hay personas que tienen una muerte tranquila, mientras que otras han de afrontar un sufrimiento muy intenso y una agonía desesperante. Para combatirlo, la medicina ha desarrollado un arsenal terapéutico con el que, perfectamente, te puedes morir lo mejor posible.

P.-Al hablar de la dignidad de la muerte hay que hacerlo inevitablemente de la eutanasia. ¿Qué tipo de regulación sobre la eutanasia está preparada la sociedad española para aceptar, actualmente?

R.-La Ley de Autonomía del Paciente plantea que éste tiene determinados derechos, y uno de ellos es negarse a recibir tratamiento. La última parte de esa ley es el decreto del testamento de últimas voluntades o testamento vital. En ese documento, el paciente participa en el proceso indicando cómo quiere que sea el final de su vida. Por otra parte, tenemos el código penal, que se limita a penalizar la eutanasia activa y la colaboración necesaria para que la muerte se produzca. Bajo mi punto de vista, en todos los países de Europa se ha abierto un debate en torno a estas cuestiones.

P.- ¿Explíquenos cuál es ese debate?

R.- Es una discusión centrada en el proceso en el que puede resultar permisiva la eutanasia. Por ejemplo, pongamos el caso de una persona, plenamente consciente de sus actos, que sufre una enfermedad terminal, con una expectativa de vida inferior a tres meses. Aese paciente, los médicos le vaticinan que, antes de morir, padecerá un terrible sufrimiento, tanto físico como psíquico. En estas condiciones, la eutanasia debe despenalizarse. De hecho, el marco jurídico en el que se halla ahora esta cuestión es anticonstitucional.

P.- ¿Dónde se puede morir mejor?

R.-Si eres sanitario o médico, te puedes morir tranquilamente en este país, y además muy bien. Si eres usuario, y no tienes relación con ningún médico, pues los lugares más idóneos son Holanda, Bélgica y Luxemburgo. En España se podría hacer perfectamente, y de hecho ocurre de una forma clandestina, pero resulta imprescindible contar con un colaborador necesario que te preste la ayuda. En mi caso, estoy convencido de que me voy a morir muy bien.

P.- ¿Considera que las creencias religiosas, o determinadas perspectivas éticas o moralistas, todavía ejercen una influencia importante en la legislación sanitaria en países como España?

R.- Somos un país con una sanidad pública y una sociedad aconfesional, pero con capellanes. Esa es la realidad. Otra cuestión es que, cuando llega el momento de la muerte, dependes del profesional que en ese momento esté trabajando, y por tanto de su influencia ideológica. En este país no está legislada la objeción de conciencia, que es otro debate que deberíamos afrontar. Ami juicio, en un servicio público no puede haber lugar a acogerse a la objeción de conciencia.

P.- Usted saltó al primer plano informativo hace varios años después de que el gobierno autonómico de Madrid le cesara en el cargo que ejercía en el Hospital Severo Ochoa, acusándole de proporcionar sedaciones indebidas a los pacientes. Después, la Justicia le exculpó de esa imputación. ¿Considera que fue víctima de una especie de cruzada ortodoxa, por así llamarla?

R.- Creo que fue una cortina de humo para desprestigiar a los servicios públicos. En Madrid, desde mi cese en marzo y hasta el mes de agosto, no se habló de otra cosa que de los 400 homicidios. Mientras tanto, se tramitó la entrega y construcción de ocho hospitales a las empresas privadas, y sobre esta cuestión en Madrid no hubo ningún debate.

P.- Es decir, que la opinión pública madrileña no se enteró de nada…

R.- No sé si recuerdas que el año anterior a que todo esto sucediera, la película ‘Mar adentro’, de Alejandro Amenábar, ganó el Oscar, y también se le concedieron 16 premios Goya. El tema de la eutanasia era entonces un clamor popular. Las últimas encuestas del CIS, en diciembre de 2004, marcaban que un 78 por ciento de la población estaba de acuerdo en que se despenalizara la eutanasia. Todo ello me conduce a pensar que se trató de un golpe de mano para reconducir el debate y equiparar la eutanasia con la cultura de la muerte y el asesinato. En esta sociedad plural no existe un verdadero discurso ético y moral.

P.- ¿Fue su cese en el Hospital Severo Ochoa una decisión política?

R.- Sí, pero el conflicto empieza, en realidad, con mi cese. Nosotros entendimos esa decisión como una huída hacia delante. Intervinieron comités de médicos afines ideológicamente al gobierno de Esperanza Aguirre que se encargaron de redactar dictámenes. Se sobrepasó a la fiscalía, y se judicializó todo el proceso, conociendo de antemano los plazos y tiempos que existen en el proceso de administración de la justicia. En otras palabras, mi opinión es que se actuó con premeditación y alevosía.

P.- ¿Cómo vivió ese proceso, personalmente?

R.-Con bastante sufrimiento, porque cambió muchos aspectos de mi proyecto personal, sin olvidar la angustia que causó a las personas que trabajaban conmigo. De ese equipo, integrado por 17 médicos, ninguno trabaja ya en el centro, e incluso algunos se han tenido que marchar de la Comunidad de Madrid. Cesaron a cinco jefes de Servicio con más de veinte años de trabajo a sus espaldas. La gente está cansada, y te produce mucha tristeza, sobre todo impotencia, la soberbia en el ejercicio del poder de ciertos políticos.

P.- En toda esta disyuntiva, ¿se ha sentido apoyado por la sociedad?

R.- De hecho, el aspecto que más nos compensa es el apoyo popular. Creo que, por parte de los sectores contrarios a la regulación de la eutanasia, se ha tocado un tema tan sensible como la muerte de una forma muy chusca. Ycon esto han abierto el debate de la eutanasia, porque la sociedad ha dicho que ya basta. El ladrillo vale, porque nos favorece a todos, pero que también pretendan condenarnos a tener que morir mal, eso no. Todos estos frentes abiertos van a tener repercusión, y el debate sobre la eutanasia se halla ya en la calle.

P.- Usted expresó su apoyo público a la candidatura de José Luis Rodríguez Zapatero en las pasadas elecciones generales. ¿Supone ello que, a su juicio, existe una sanidad de izquierdas y otra de derechas, y que usted considera que es mejor la primera opción a la segunda?

R.- El apoyo a Zapatero se produjo porque, en las elecciones generales de 2008, existía un empate técnico entre PSOE y PP. Si Zapatero no ganaba, y lo hubiera hecho la derecha, me hubiera visto obligado a irme del país. Con el ensañamiento que tenían conmigo, si Rajoy se hace con el poder habría tenido que marcharme.

P.- Por cierto, ¿qué valoración realiza del primer año de gobierno de Zapatero en materia sanitaria?

R.- Zapatero tenía una visión clara de los servicios públicos, entre ellos la enseñanza y la sanidad. Debe definirse, y todavía no lo ha hecho. Tiene que derogar la ley 15/97 que da pie a la privatización, a la entrada de capital externo en los servicios públicos, y esta es todavía una asignatura pendiente. Eso no me parece bien.

P.- ¿Qué opina de la última decisión, extraordinariamente controvertida, del Gobierno central acerca de la ampliación de la ley del aborto? ¿Es aceptable que una menor de 16 años aborte sin que ni siquiera deba comunicárselo a su familia, cuando no puede colocarse un piercing sin el consentimiento paterno?

R.- La ley del aborto contempla una situación que había que despenalizar. Tenemos estadísticas que demuestran que hay más de 140.000 abortos en España. La edad de 16 años no es porque se le haya ocurrido al señor Zapatero ni a la señora Bibiana Aído, sino porque la mayoría de estas jóvenes, sin autorización paterna, reúnen dinero entre la peña de amigos para ir a una clínica privada y abortar, por lo menos en Madrid. El día menos pensado, los agentes de la autoridad pueden presentarse en cualquier clínica, descubrir que hay una niña de 16 años abortando, y encarcelarla. Esta es la realidad.