Los aficionados a los juegos de mesa saben perfectamente que, para que la partida funcione, resulta imprescindible imponer unas reglas, que gustarán más o menos pero a las que cabe considerar absolutamente necesarias para regular la actividad lúdica. Por supuesto, estas mismas reglas varían en función del juego seleccionado: no es lo mismo el parchís que el monopoly o el dominó, pero todos ellos coinciden en que giran alrededor de unas normas concretas que, aun sin haber sido inventadas por los participantes, estos aceptan más allá de la valoración que les merezcan.

En realidad, la legislación que hace posible la convivencia democrática, pacífica y en condiciones de igualdad de todos los ciudadanos se basa en los mismos principios que los juegos de mesa. Esa es, por ejemplo, la piedra filosofal de la Constitución española, verdadero prodigio del consenso y la renuncia, que hizo posible el proceso de la transición democrática en nuestro país a base de cerrar las heridas que habían abierto los largos y oscuros años de represión y dictadura. Y ese es también el elemento determinante sobre el que gravita cualquier normativa, incluida, por supuesto, la legislación referente al acceso de los ciudadanos a la función pública.

Es este, el de la función pública, un ámbito especialmente delicado. Estamos hablando, ni más ni menos, que de la oferta de puestos de trabajo sufragados con el dinero de todos los contribuyentes, y que, por otro lado, se caracterizan por su estabilidad y perdurabilidad y por la concesión de derechos que se hallan vedados, y más en tiempos de crisis como los actuales, al resto de la población. Estas peculiaridades exigen que el acceso a la función pública cuente con normativas claras y taxativas cuya interpretación no dependa de la subjetividad, sino del rigor del texto promulgado. Desde este punto de vista, la función de las instituciones, de unos y otros signos políticos, debe limitarse a la aplicación de ese determinado contexto legal con la sobriedad y la ausencia de interpretaciones parciales o implícitas que el óptimo funcionamiento de la estructura de la administración pública reclama. Así es en cualquier territorio democrático, y así ocurre con cualquier normativa. El decreto del catalán aprobado hace apenas unas semanas por el Consell de Govern, a instancias de la Conselleria de Salut, y que tanta polvadera ha despertado en una parte de los profesionales sanitarios, no podía ser una excepción.

En realidad, y sin menoscabo de la opinión particular e intrasferible que cada persona y cada colectivo pueda tener, de manera absolutamente legítima, respecto al protagonismo que la lengua propia de las islas deba adquirir en los procesos sociales, laborales y de cualquier otra índole, la promulgación del decreto ha respondido, precisamente, a la obligación de satisfacer las exigencias de la normativa vigente. ¿De qué otra manera podía obrar el Servei de Salut de les Illes Balears dentro del contexto legislativo en el que se mueve, y que, como ocurre con los juegos de mesa, ni ha elegido ni tiene por qué agradarle?

Quienes, con todo el derecho del mundo, protestan contra el decreto deberían tener en cuenta también que, de no haber procedido el Govern a otorgarle luz verde, cualquier aspirante a una plaza laboral en la sanidad pública de Baleares hubiera tenido la opción de presentar la correspondiente impugnación. Y ello por una razón muy sencilla: porque la legislación sobre función pública que rige actualmente en nuestra Comunidad Autónoma ordena e instruye que la lengua catalana es un requisito, y no solo un mérito, a la hora de acceder a un trabajo en la administración, ya se trate del ámbito sanitario o de cualquier otro. En realidad, una lectura objetiva y desapasionada de los hechos permitirá que nos demos cuenta de que el decreto no hace sino rebajar las exigencias en el caso de facultativos, enfermeros y el resto de trabajadores del sector en comparación con otras actividades que pueden ejercerse por cuenta de la administración.

Otra cuestión distinta es que este marco legal sea o no el más adecuado. Pero esa ya es otra historia. Cuando a los jugadores empiezan a fastidiarles las reglas de la partida, cambian, quizás, de juego, pero no pretenden amoldar las normas a su gusto y conveniencia. Ese es el espíritu del verdadero jugador… y debería ser también el de la política.