A grandes males, grandes remedios. Esa parece ser la filosofía que ha impulsado la decisión del Govern de abordar una compleja reestructuración de la asistencia sanitaria de la part forana, desviando, en una primera fase del proceso, más de 16.000 cartillas pertenecientes a pacientes adscritos al Hospital de Inca hasta el Hospital Son Llàtzer, en Palma. Que los males del centro comarcal eran grandes y cuantiosos constituía una realidad conocida y reconocida por casi todo el mundo, empezando por los alcaldes y concejales de esta área geográfica: falta de inversión, equipamientos y personal insuficientes, e incluso problemas graves en materia de seguridad, que sacaron a relucir los propios profesionales del hospital el pasado viernes, cuando se manifestaron tras la agresión padecida por una celadora.

Grandes males, sí. Pero, ¿es este un gran remedio? ¿Es, al menos, un remedio eficaz? Evidentemente, solo el tiempo es capaz de resolver la incógnita, pero de momento existen dos cuestiones, singularmente preocupantes, que deben ser puestas sobre la mesa. La primera, tal como destacó el alcalde de Inca, Pere Rotger, nada más conocer la determinación del Ib-Salut, es que, apenas unos pocos años después de que una reivindicación tan largamente anhelada como el Hospital Comarcal de Inca se convirtiera, al fin, en realidad, los ciudadanos de esa zona geográfica regresarán a los tiempos pasados, cuando debían acudir a Palma para recibir asistencia sanitaria. En otras palabras, para este viaje, especialmente corto, además, si nos atenemos a la lozana juventud del Hospital de Inca, no hacían falta tantas alforjas. El centralismo de Palma vuelve a invadir las legítimas aspiraciones de la part forana a disponer de sus propios servicios y verse libre de la insoportable tutela de la capital. En esta materia, como resulta evidente en el caso que nos ocupa, vamos hacia atrás, como los cangrejos, y esa no puede ser nunca una buena noticia.

Existe, además, una segunda cuestión en todo este asunto que merece la pena resaltarse. Sin duda que la Conselleria de Salut debe tener sus razones para llevar a cabo esta redistribución de pacientes. Aun así, ¿hacía falta acometerla a espaldas de los alcaldes, concejales y vecinos de las áreas geográficas afectadas? Porque eso es precisamente lo que ha sucedido: los representantes municipales aseguran haberse enterado por la prensa, costumbre peligrosa que en su momento instauró Felipe González, de las novedades que se cernían sobre la distribución asistencial de los servicios sanitarios de sus respectivos territorios. ¿Acaso era demasiado pedir a la Conselleria de Salut que, antes de llevar adelante un plan que en tan gran medida afecta a la vida cotidiana de los usuarios, consultara con las corporaciones locales y les informara adecuadamente de sus intenciones? Nada de eso ha hecho el departamento presidido por Vicenç Thomàs, y aunque solo sea por dicho motivo esta medida, teóricamente surgida para resolver los problemas de saturación del Hospital de Inca, debe ser puesta en tela de juicio. Desgraciadamente, Thomàs y su equipo se han dado cuenta demasiado tarde del error que ha supuesto su evidente precipitación, y para contrarrestarlo han empezado a convocar reuniones informativas con los alcaldes que, en cualquier caso, debían haberse producido mucho antes.