La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) constató diferencias de hasta el 420 por ciento en los precios de los tratamientos dentales en todo el territorio español, según un estudio llevado a cabo en 340 clínicas de 24 ciudades.

El estudio denuncia que, en una misma ciudad, se pueden encontrar diferencias de hasta el 316 por ciento si el cliente quiere realizarse una limpieza, el 272 por ciento si busca dentista para un empaste, el 216 por ciento si pretende sacarse una pieza y el 192 por ciento si necesita una endodoncia.

Precisamente, en cuanto a empastes, el precio medio de esta intervención ronda los 50,54 euros, siempre que no impliquen una reconstrucción completa. Vitoria es la ciudad más cara (con una media de 130 euros) mientras que la más barata se encuentra en Valencia, con 28,50 euros de media.

Respecto a la limpieza de boca, la tarifa media es de 46,32 euros por sesión, siendo la ciudad más cara Logroño (104 euros de media) y las más baratas Mallorca y Zaragoza, con 20 euros. Con la endodoncia, la media es de 157,63 euros, llegando a 350 euros en Palma de Mallorca o por el contrario, 70 euros en Cádiz.

El último tratamiento analizado es la extracción, cuya tarifa media en el ámbito nacional es de 45,19 euros. La clínica dental con el precio medio más elevado está en Barcelona, con 92,50 euros; por el contrario, Palma de Mallorca es donde existe un centro con el coste más económico, con sólo 19 euros.

INSPECCIONES

Ante estas diferencias, FACUA demanda al ministerio de Sanidad y Consumo, así como a las diferentes comunidades autónomas, que lleven a cabo inspecciones en las clínicas dentales para, por un lado, sancionar el intrusismo profesional existente por parte de auxiliares de clínica o protésicos dentales que ejercen funciones propias de los licenciados, y por otro, amonestar a las clínicas que carecen del instrumental mínimo, así como licencias y medidas de seguridad.

Por ello, reclama la modificación del Real Decreto 1.594/1994, de 15 de julio, que desarrolla la Ley 10/1986, reguladora de la profesión de odontólogo y las otras profesiones relacionadas con la salud dental. Además, el citado decreto sólo señala que el paciente puede exigir un "presupuesto estimativo", pero ni siquiera establece la obligación del dentista de informarle de este derecho.