Josep Pomar puso el dedo en la llaga durante su intervención en la reciente edición de la Escuela de Verano de Salud, celebrada en Maó: la financiación sanitaria, tanto en Baleares como en el resto de Comunidades Autónomas, se halla en una situación de desequilibrio que, lejos de resolverse, se está acentuando con el paso del tiempo. El diagnóstico, por utilizar términos médicos, es tan claro como insoslayable: los gastos superan a los ingresos. Una situación de estas características, de no ser remediada a tiempo, implicaría la quiebra inmediata de cualquier negocio o actividad privada, pero lógicamente no puede ser así cuando se trata de la sanidad, auténtico vértice neurálgico de cualquier sociedad desarrollada y que, dada su naturaleza universal y gratuita, se configura como un eje básico del denominado Estado del Bienestar.

Ciertamente, la sanidad balear, ni tampoco la de ningún otro territorio, no se irá al garete ni cerrará sus puertas por mucho que la financiación sea insuficiente. Ahora bien, ello no quiere decir que las consecuencias de estas dificultades económicas no se hagan notar. De hecho, ya están resultando perceptibles en decisiones como la supresión de ambulancias o el cierre de los quirófanos del Hospital General de Palma. Sin financiación, puede que siga existiendo sanidad, e incluso que la misma conserve su carácter universal y gratuito, pero desde luego es imposible evitar la merma de la calidad en los servicios, que se traduce no solo en el recorte de las partidas presupuestarias y la supresión de recursos y prestaciones, sino también en síntomas tan paradigmáticos como el incremento de las listas de espera o las deficiencias en la atención a los pacientes.

Al menos resulta tranquilizador que al director gerente del Ib-Salut, Josep Pomar, no le importe reconocer la realidad tal como es, por mucho que la administración autonómica y la central, desde donde debería proceder la financiación necesaria, compartan el mismo color político. No en vano, pese a sus promesas de no enjugar a costa del gasto social las dificultades que atraviesan las arcas del Estado a consecuencia, a su vez, de la pertinaz crisis económica, el Gobierno de Rodríguez Zapatero está actuando más bien a la inversa. Ahí están para corroborarlo los tijeretazos efectuados a la financiación de la Ley de la Dependencia.

Y, por supuesto, la resistencia a admitir que la sanidad de las diversas Comunidades Autónomas necesita una urgente actualización de los fondos pecuniarios, no deja de resultar otra prueba de que en Madrid han cerrado el grifo. Eso sí, no por esta razón los gobiernos autonómicos podrán dejar de facilitar asistencia médica a sus ciudadanos, tengan o no papeles, y sean o no residentes. Las excusas de mal pagador, y nunca mejor dicho, de nada sirven a la hora de afrontar las exigencias de los pacientes.

En Baleares, sin ir más lejos, el incremento demográfico experimentado a lo largo del último lustro ha alcanzado tal magnitud que la escasa financiación de entonces no llega ahora mismo ni a calderilla. No entraremos ahora en valorar el grado de responsabilidad que cabe atribuirle al Estado a la hora de valorar las causas del ‘boom inmigratorio’, aunque desde luego no supone irse por las ramas realizar una breve evocación de las generosas regularizaciones que el Gobierno Zapatero ha promovido y que mucha relación guardan con el ‘efecto llamada’ que tanta influencia tiene en la llegada de ciudadanos foráneos.