La agresión a un profesional sanitario es una de las actuaciones más terribles de todas las que pueden acontecer en el contexto de la asistencia médica. Por este motivo, episodios como el suscitado días atrás en el hospital Son Llàtzer, cuando un enfermero resultó literalmente linchado a manos de un paciente, deben erradicarse de manera urgente aplicando todas las medidas legales que la Administración tenga a su alcance.

Y no vale pararse en medias tintas. Cuando la seguridad de los profesionales que están al cargo de nuestra salud no se halla suficientemente garantizada, tampoco lo está, en directa consecuencia, la seguridad de los enfermos. ¿Hasta qué punto, si no, se pueden exigir resultados al personal sanitario en el ejercicio de su labor, cuando además de afrontar su ya de por si complicada y exigente tarea, han de preocuparse de preservar su integridad física? El problema de la violencia contra médicos y enfermeros no afecta tan solo a este colectivo, sino a todos los ciudadanos, y desde este prisma de gravedad debe considerarlo la Administración.

Ahora bien, ¿por qué se producen estos incidentes que de manera tan frecuente empañan el normal funcionamiento de la sanidad balear y que, en el caso concreto de Son Llàtzer, ya llueven sobre mojado? Solo existen dos posibles respuestas a esta pregunta. La primera, es que los poderes públicos no han establecido los mecanismos adecuados para evitar estas situaciones. De ser así, habría que plantearse seriamente la propuesta lanzada hace ya algún tiempo por el Sindicato Médico de Baleares, aconsejando a los responsables políticos que cuanto antes procedan a considerar los actos de violencia contra el personal médico como un acto de atentado, derivándose de ello las oportunas consecuencias legales y jurídicas. Estas y otras iniciativas podrían contribuir poderosamente a que los episodios de conflicto quedasen definitivamente erradicados en hospitales, centros de salud y demás equipamientos asistenciales. Existe, sin embargo, una segunda respuesta planteable, según la cual esos mecanismos de control y supervisión existen, pero no se aplican. Al menos, a todos los efectos. Así lo exponen, sin ir más lejos, los representantes del sindicato de enfermería SATSE en el artículo de cabecera del presente número de Salut i Força a raíz de la agresión que tuvo lugar en Son Llàtzer. Estos responsables sindicales hacen mención, concretamente, al Plan de Prevención de Violencia contra el Personal Sanitario que este hospital palmesano elaboró en su momento, pero que aun a día de hoy cuenta, a su juicio, con un nivel de aplicación claramente insuficiente. Esperemos y deseemos que la paliza sufrida por este profesional de Son Llàtzer persuada a la dirección del centro de la necesidad de activar un protocolo que de ninguna de las maneras debe quedarse en simple papel mojado.

La Administración, fiel a su costumbre, se escuda en las estadísticas para ocultar la responsabilidad que cabe atribuirle en la proliferación de actos violentos en los equipamientos sanitarios de Baleares. Aseguran sus responsables que, con los datos en la mano, dicha proliferación no es tal y que la situación dista de ser inquietante. Craso error hacer caso de los números, y no de la realidad. Para tener la certeza de que ha amanecido no es imprescindible descorrer las cortinas de las ventanas. Basta con consultar el reloj.

En esta misma línea, la supuesta elocuencia de las estadísticas oficiales no debería ser más importante, para la Administración, que las reclamaciones efectuadas repetidamente por parte de los profesionales. No en vano, para que una agresión figure como tal en las estadísticas deben cumplirse determinadas etapas en el proceso que no siempre se culminan, entre ellos la denuncia expresa de los hechos.

Hay que tener presente que los episodios de violencia en el ámbito de la sanidad no siempre consisten en palizas como la que fue objeto el enfermero de Son Llàtzer. En la mayoría de ocasiones consisten en amenazas e insultos que igualmente condicionan la labor de los profesionales, independientemente de que pasen a engrosar o no las estadísticas de denuncias. No hay peor ciego que quien no quiere ver, y en eso los políticos suelen llevarse la palma.