Si alguna característica ha acompañado siempre la presencia del PSOE en las instituciones públicas ha sido su habilidad, por otra parte inconmensurable, para desviar la atención de la opinión pública de las carencias de su gestión y centrarlas en debates sociales que surgen de la noche a la mañana y como por arte de magia. Ello ocurre siempre que los políticos socialistas se ven incapaces de proporcionar una respuesta adecuada a coyunturas como las que se están atravesando actualmente en España, con las palabras paro, crisis económica e incremento de las bolsas de pobreza escritas en mayúscula. He ahí, que los líderes del PSOE se sacan de la chistera dos relucientes conejos: la ampliación de la ley del aborto y la legislación de la eutanasia, sin olvidar la manita que les está echando su juez amigo Baltasar Garzón a la hora de rescatar la memoria de los represaliados de la Guerra Civil española. En cualquier caso, centrándonos en las cuestiones específicamente sanitarias, hay muchos ciudadanos que se preguntan cuál es la posición de la Conselleria de Salut, y en definitiva del Govern balear, acerca de la posibilidad de ampliar los supuestos de la interrupción voluntaria del embarazo y, paralelamente, dotar de un marco legislativo el proceso de la denominada ‘muerte digna’. ¿Están de acuerdo? ¿No lo están? ¿Comparten los argumentos del Gobierno central, pero solo hasta cierto punto? ¿Tienen los responsables de las políticas sanitarias de Baleares alguna opinión formada acerca de unas cuestiones de tan elevado calado social? De ser así, convendría que las expresaran a la opinión pública para que esta sepa a qué atenerse. Ciertamente, estas iniciativas forman parte de las atribuciones del Ejecutivo que preside Rodríguez Zapatero, pero nadie puede dudar que el criterio de las Comunidades Autónomas deberá ser escuchado y sopesado. El problema es saber si, en el caso de Baleares, existe, en efecto, algún criterio concreto