La frivolidad es un comportamiento absolutamente inaceptable cuando se trata de gestionar los dineros públicos. En la administración del erario que pertenece a todos los ciudadanos, porque de hecho son los ciudadanos quienes aportan esos recursos, han de primar, por encima de todo, tres principios: la racionalidad, la contención y la transparencia. Porque si bien en nuestra casa podemos ser tan descuidados como queramos respecto a los bienes económicos que poseemos, nadie tolerará de nosotros una actitud como esa cuando el dinero que pase por nuestras manos no sea el propio, sino el ajeno.

Por desgracia, el Govern de les Illes Balears no demuestra ni racionalidad, ni contención, ni transparencia en la gestión de proyectos tan emblemáticos y ambiciosos como la construcción del nuevo hospital de referencia de la sanidad pública de las islas, en los terrenos de Son Espases. Para empezar, no es racional que todo un Ejecutivo autonómico se avenga a dilapidar los recursos de la hacienda pública para introducir reformas de elevado coste económico que, sin embargo, se hallan lejos de suponer variantes significativas en la ejecución del proyecto.

¿Piensan ustedes, acaso, que el exiguo alejamiento que la nueva planificación de las obras ha previsto para distanciar el Monasterio de La Real de las futuras instalaciones hospitalarias, justificaba un gasto tan oneroso como el que se presume? Es esta una operación de cosmética política sufragada con los impuestos de los ciudadanos y que resulta indigna de cualquier institución que mantenga un mínimo sentido de la corresponsabilidad que le liga a sus administrados.

Para hacer un símil, es como si alguien se gastara una cantidad determinada en reformar su vivienda y, posteriormente, invirtiera una cantidad proporcionalmente mucho mayor en comprar el sofá del salón. ¿Sería este un comportamiento racional? En el caso del Ejecutivo balear, ni siquiera es legítimo, porque las facturas extras procederán de nuestros bolsillos, y de los del presidente y sus consellers.

Tampoco está cumpliendo el Govern con el segundo principio expuesto: la contención. En una coyuntura de crisis económica como la que atravesamos, resulta especialmente necesario que las administraciones se muestren escrupulosas con el manejo del dinero público. Los contribuyentes que ven cómo la inflación se acelera, las hipotecas se disparan y los sueldos se congelan y pierden buena parte de su poder adquisitivo, están en su derecho de cuestionar la labor de un Govern que, tal como se refleja en el reportaje de cabecera del presente número de Salut i Força, se habrá gastado, aproximadamente, 23 millones de euros en modificar el proyecto de Son Espases.

Y todo, para callar las bocas de quienes, con sus votos, contribuyeron al cambio de color político en el Consolat de Mar. Primero, ordenando una paralización de las obras que constituyó una huida hacia delante a ninguna parte y cuyas consecuencias se miden con los tres millones de euros que reclama la UTE concesionaria en concepto de indemnización, y el retraso que afecta a la ejecución del proyecto.

Y segundo, introduciendo unas reformas que no modifican sustancialmente las actuaciones programadas en la anterior legislatura, pero que van a salir a todos los ciudadanos por un ojo de la cara.

Ni racionalidad, ni contención. Ytampoco transparencia. De hecho, los datos económicos que se ofrecen en el reportaje y que hemos mencionado anteriormente, han sido aportados por la oposición, y no por el Govern, como sería lógico presuponer. Tanto el presidente, Francesc Antich, como el conseller de Salut, Vicenç Thomàs, se han escondido debajo de la alfombra cada vez que han sido interpelados en el Parlament acerca del gasto adicional que acarrearán las dilaciones y las modificaciones del proyecto del nuevo Son Dureta. ¿Quizás sienten verguenza de que los ciudadanos les echen en cara su nula diligencia a la hora de administrar el erario común?