La sanidad balear anda revolucionada. Primero, fue la huelga de médicos, que a lo largo de las dos fases en las que se desarrolló, puso en jaque al Govern de Antich hasta que el Ejecutivo autonómico decidió recuperar la senda de la cordura y negociar un acuerdo provechoso para todas las partes, y en especial para los pacientes. Paralelamente, el anuncio del cierre de los quirófanos del Hospital General activó la señal de alarma entre profesionales y sindicatos. Ahora es el personal adscrito al servicio de ambulancias quienes claman contra los procedimientos autoritarios de la Administración, que pretende dar luz verde, en septiembre, a un nuevo pliego de condiciones de la prestación sin contar con la opinión de los representantes de los trabajadores. Para un Govern que asegura ser de izquierdas, el descontento de la clase sindical con sus actuaciones ha de resultar forzosamente demoledora. Y ya puede dar gracias el Pacte de Progrés de que las anteriormente beligerantes asociaciones de defensa del patrimonio de La Real han agachado la cabeza aceptando el ‘trágala’ de la construcción del nuevo Hospital Son Dureta en los terrenos de Son Espases, porque de lo contrario estaríamos hablando de un cisma social sin precedentes entre los políticos que alimentaron sueños imposibles de cumplir y los ciudadanos que les votaron a cambio de esas falsas promesas.