Parece mentira que, a estas alturas de la película y después de tres décadas ininterrumpidas de democracia en España, la política siga siendo más importante que la salud. Ya pasamos por el aro, en los años 80, de tener que aceptar los modelos de ‘sanidad cubana’ que impusieron médicos recién llegados a la gestión que aún conservaban un halo de ‘romanticismo’ socialista, tan utópico como ineficaz.

Durante los últimos tiempos, en Baleares, nos hemos tenido que acostumbrar de nuevo a que ‘todo’ lo que hizo el PP estaba mal. Tan mal, que Joan Carulla no ha podido durar ni siquiera dos años en la plaza a la que accedió para poner fin a la carencia de profesionales en la medicina oncológica de Menorca.

Al final, los pacientes serán quienes pagarán los platos rotos. La marcha de Carulla ha dejado a la isla con los servicios de apenas dos oncólogos, frente a los cuatro que prevé el Ib- Salut. Las consecuencias que esta situación conlleva para la calidad asistencial en la sanidad pública menorquina resultan evidentes.

El adiós de Carulla se produce tras una sucesión de esperpénticos episodios de batallas barriobajeras, en las que la demagogia, el sectarismo y las prácticas autoritarias han campado a sus anchas. Yello es así porque, si bien la cordura, la sensatez y el más elemental sentido de la democracia exigen que la política no interfiera nunca la buena práctica asistencial, en la sanidad pública balear los despachos están siendo ocupados por irreductibles comisarios políticos cuya única preocupación consiste en defender la continuidad en el poder de las siglas a las que representan, y a los que el bienestar de los enfermos parece importarles menos que poco.