El parlamentario del PP Antoni Serra criticó el "inmovilismo y la falta de planificación" del Govern a la hora de aplicar la Ley de Dependencia, debido a que, según señaló, el Ejecutivo tiene previsto otorgar las primeras ayudas económicas a partir de 2009, un año y medio después de la aprobación de esta normativa, mientras que a su vez, "no ha presentado ninguna nueva instalación destinada a las personas dependientes, más allá de las iniciadas por los 'populares'.

Serra indicó que, actualmente, hay más de 10.000 personas en Baleares pendientes de valorar su grado de dependencia y, en este sentido, consideró que el Ejecutivo de Francesc Antich "no tiene la voluntad de tratar esta cuestión con celeridad, ni tampoco está ofreciendo recursos asistenciales nuevos", lo que, a su juicio, pone de manifiesto que se trata de un Govern "académico, debido a que siempre está estudiando" proyectos sin poner ninguno en marcha.

Asimismo, criticó el hecho de que la Conselleria de Asuntos Sociales "retrase hasta seis meses" el procedimiento para decidir si una persona dependiente recibe ayudas económicas o prestaciones asistenciales, como atención domiciliaria, debido a que, en su opinión, este tiempo puede ser suficiente para que este ciudadano pueda haber muerto antes de recibir ningún apoyo por parte del Govern, en virtud de la Ley de Dependencia.

Ante esta situación, Serra exigió al Ejecutivo que "acelere" el proceso de gestión de la Ley de Dependencia, a través de los Ayuntamientos, ya que es "inaceptable" que empiece a aplicar esta normativa a partir de 2009, mientras que, por otro lado, le reclamó una previsión económica, debido a que, actualmente, la Conselleria dirigida por Fina Santiago "no ha presupuestado un solo euro para aplicar la Ley de Dependencia en colaboración con las instituciones locales".

Por otra parte, la parlamentaria 'popular' Isabel Ginás anunció que en el Pleno del Parlament, que se celebrará mañana, su grupo solicitará al Govern que "complemente" los 100 euros de ayudas económicas mensuales que destina el Ejecutivo central para garantizar durante un periodo de 18 meses el pago de alimentos a aquellos hijos de unidades matrimoniales, que no reciban por parte de uno de los progenitores la pensión alimenticia acordada en resolución judicial.